El alcalde Bloomberg anuncia primera acción enérgica en una serie planificada contra vendedores de cigarrillos ilegales

October 10, 2013

La Ciudad obtiene una orden para clausurar una tienda para evitar la venta no autorizada de cigarrillos no gravados y con sellos falsificados a menores y el público en general

El alcalde Michael R. Bloomberg, el asesor principal de Políticas John Feinblatt, el abogado de la Ciudad Michael A. Cardozo y la comisionada del Departamento de Finanzas (DOF, en inglés) Beth E. Goldman anunciaron hoy la primera en una serie planificada de acciones judiciales para clausurar comercios que venden cigarrillos ilegales de los que no se han pagado impuestos estatales y municipales. Una orden emitida hoy por el juez Michael Stallman, de la Corte Suprema del Estado, Condado de Nueva York, resultó en el cierre de Quicklane Candy Store ― un negocio también conocido como Fastline Candy Tobacco Inc. y 2054 Lexington Candystore Inc.― por alteración del orden público. La investigación, dirigida por la Comisaría de la Ciudad (Office of the NYC Sheriff, en inglés) una división del Departamento de Finanzas de la Ciudad, reveló numerosas infracciones de las normas sanitarias y fiscales de la Ciudad, incluyendo la posesión y venta de cigarrillos no gravados y con sellos falsificados, la venta de cigarrillos a menores, ventas de cigarrillos sin advertencias de salud y no tener una licencia para vender cigarrillos. La acción legal de hoy es el resultado de una colaboración en curso entre la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Especiales de Orden Público (Mayor’s Office of Special Enforcement, en inglés), el Departamento de Leyes de la Ciudad y la Comisaría del Departamento de Finanzas.

“Esta es la más reciente en una serie de iniciativas tomadas durante nuestra administración para abordar los serios problemas de salud pública que resultan del fumar cigarrillos”, dijo el alcalde Bloomberg. “Vender cigarrillos a menores nunca es aceptable, y los cigarrillos con sellos falsificados y no gravados envenenan tráfico legal de bienes, afectando a los comercios que acatan las normas y representando un peligro mayor para los consumidores”.

“Cuando se venden cigarrillos con sellos falsificados a menores y un público discreto, se ponen en riesgo la salud y la seguridad”, dijo el principal asesor de Políticas, John Feinblatt. “Necesitamos proteger las vidas de fumadores menores de edad y asegurar que también protegemos los negocios que acatan la ley y que son afectados por aquellos que las infringen y eluden impuestos. Es por ello que seguiremos tomando medidas enérgicas contra los cigarrillos ilegales y enviando un mensaje a quienes los vender de que siguen en la mira de la Ciudad”.

“Esta es la primera en una gestión integrada por la Ciudad para erradicar tiendas que venden cigarrillos ilegales”, dijo el abogado de la Ciudad, Michael Cardozo. “Como hemos enfatizado muchas veces antes, estas ventas privan a la Ciudad y el Estado de fondos necesarios para importantes programas públicos y son especialmente nocivos para las comunidades locales en las que están situados porque socavan gravemente los programas municipales para dejar de fumar, y además compiten de manera injusta con comerciantes legítimos y en última instancia pueden sacarlos del negocio”.

“Esta acción es el resultado de una innovadora gestión entre agencias que muestra el compromiso municipal para erradicar los cigarrillos ilegales”, dijo la comisionada de Finanzas Beth E. Goldman. “Estas nuevas estrategias de orden público son clave para asegurar que los negocios en Nueva York sean tratados con justicia bajo la ley. Quiero agradecer al comisario Edgar Domenech y a su equipo por su extraordinaria labora en revelar estas infracciones, y a la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Especiales de Orden Público y el Departamento de Leyes por sus extraordinarios esfuerzos para hacer que estos negocios rindan cuentas”.

La orden judicial se basa en evidencia recogida en el transcurso de una investigación de dos años por la Ciudad sobre docenas de ubicaciones que muestran ventas frecuentes de cigarrillos no gravados. La prueba sometida ante el tribunal muestra que Quicklane Candy Store, objeto de la primera acción tomada en base a las investigaciones de la Comisaría, es un infractor reincidente, usando compartimientos ocultos para esconder sus productos ilegales y áreas adyacentes a su tienda como almacén y centro de distribución de cigarrillos no gravados. Investigadores de la Comisaría de la Ciudad de Nueva York citaron numerosos casos en que Quicklane Candy Store vendió cigarrillos con sellos falsificados, sin sellos o con sellos de Virginia, todas acciones ilegales bajo la ley del Estado y la Ciudad de Nueva York.

Según la ley, existen alteraciones del orden público en lugares donde se reúnen personas para realizar actividades ilegales o donde hay condiciones que interfieren con la salud y la seguridad públicas. La operación no autorizada de un negocio que requiere licencia también es una alteración del orden público, al igual que mantener una ubicación donde hay presentes “instrumentos falsos” ― p. ej., sellos de impuestos falsificados. La evidencia que respalda la clausura ordenada hoy mostró que Quicklane Candy Store participó en todas estas formas de conducta inapropiada.

La Ley de alteración del orden público de la Ciudad (NYC Public Nuisance Law, en inglés) autoriza a los tribunales a instruir el cierre y clausura por hasta un año de ubicaciones donde hay alteraciones del orden público. Las órdenes de cierre o clausura han sido usadas por la Ciudad para erradicar operaciones injuriosas a la salud y el bienestar del público, incluyendo ubicaciones donde se ofrece juegos de azar, prostitución o bienes falsificados. Después de un cierre inicial ordenado por un juzgado, a los inquilinos o dueños del negocio acusados de la alteración del orden público se les provee con una oportunidad rápida para presentarse ante la corte para disputar el cierre. En casos donde se muestre que el casero ha sido avisado sobre la alteración del orden público, se pueden imponer sanciones o multas, incluso en algunos casos el traspaso de la propiedad a un receptor provisional.

En el caso también se acusó a otras personas que se cree eran los dueños de la propiedad donde está ubicada Quicklane Candy Store y ejecutivos de las empresas que funcionaban en el lugar. La acción del Gobierno municipal busca, además de una orden restrictiva permanente contra la continuación de la alteración del orden público por parte de Quicklane Candy Store y sus operadores, penas reglamentarias de hasta $1,000 por cada día que continuó la alteración del orden público.